Históricamente, en la comunidad existían estos topes, pero desaparecieron bajo el gobierno de Esperanza Aguirre. El Ejecutivo de Isabel Díaz-Ayuso lleva tiempo analizando la opción de recuperar una medida en este sentido, pero mientras llega ese momento, se multiplican las operaciones de clara mercantilización del suelo protegido.
Una práctica que resulta doblemente lesiva cuando quien hace negocio es la propia administración, al lanzar procesos donde la única regla para llevarse el suelo es quien pague más. Uno de los últimos casos que ha encendido las alertas del sector ha sido la licitación que ha lanzado Las Rozas, un municipio del norte de Madrid, para vender una parcela VPPL con 2.017,8 metros cuadrados de edificabilidad.
Suelo protegido… ¿Para el que pague más? Suena raro, ¿no?
No, las inmobiliarias no son la Madre Teresa, pero tampoco serían el Tempranillo si les quitamos la posibilidad de serlo. ¿Por qué aprietan todo lo que quieren? Porque pueden.
¿Y por qué pueden? Porque la demanda es muchísimo mayor que la oferta.
El día del bochornoso apagón el dueño de un super-euro vendía los transistores de bolsillo a 15 y 20 pavos. ¿Por qué? Porque podía. Mira a ver si los puede vender ahora a ese precio, y pregúntate por qué.
Y por esto ahora mismo la mayoría de las parcelas VPPB/VPPL se acaban convirtiendo en promociones de alquiler “asequible” y en 15 años mágicamente ya se pueden vender por el precio que les de la gana. En Valdecarros se van a ver poquisimas cooperativas de socios VPPB por lo menos en las etapas 1,2 y 3.