Han pasado ya dos años desde el último sorteo de VPO en la capital y, aunque no son pocos los mensajes que se siguen lanzando desde las distintas administraciones públicas para anunciar que se van a poner en carga nuevos suelos para la construcción de pisos protegidos, la realidad es que actualmente, al margen del millar que se construyen al oeste del campus de Teatinos (476 por parte del Ayuntamiento y 530 que va a comenzar la promotora Lagoom Living en unas parcelas cedidas por el Consistorio), poco más hay para llevarse a la boca en esta desesperada hambruna de viviendas a precios asequibles.
Si se hace un repaso por los diferentes planes de las instituciones para construir VPO en Málaga, salta a la vista que, al menos en los próximos dos o tres años, siendo optimistas, no se van a terminar nuevas promociones, ya que la mayor parte de los proyectos están lastrados por trámites previos, dependen de que se inicien o finalicen obras de urbanización de terrenos, o se han supeditado a que conciten el interés de empresas inmobiliarias que, mediante la convocatoria de concursos que llevan su tiempo, quieran sustituir a la administración en la ejecución de este tipo de viviendas en parcelas de titularidad pública.
En el caso del Ayuntamiento de Málaga, las previsiones son ambiciosas. Apuestan por alcanzar la construcción de más de cuatro mil VPO en los próximos tres años, pero en esa cifra entran proyectos tanto municipales como de la Junta y del Gobierno central que se enfrentan todavía a una tramitación previa que se antoja complicada y lenta, como suele ser habitual. Es el caso de las 1.168 VPO en venta o alquiler que el Consistorio quiere que promotoras privadas construyan en suelos de su propiedad en Distrito Zeta y Cortijo Merino (los suelos que ocupó la fábrica de Amoniaco). En Distrito Zeta, las obras de urbanización están en marcha, pero en Cortijo Merino acaban de comenzar, por lo que el propio alcalde, Francisco de la Torre, ha admitido que tardarán al menos tres años en ejecutarse.
En el ámbito de la Junta, que tiene las competencias en materia de vivienda, el panorama es peor. De los proyectos que se llevan anunciando desde hace más de 15 años por parte del Gobierno andaluz no se ha puesto ni un solo ladrillo, y todavía queda. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) tiene en proyecto la construcción de 160 VPO en suelos de su propiedad en el Centro y la Trinidad, pero todavía quedan años para que vean la luz estas promociones ubicadas en la calle Cerrojo (50 pisos), Parras (28), Cobertizo del Conde (40) y plaza de San Pablo (dos suelos para 17 y 25 pisos, respectivamente). En todos estos casos, la intención del Gobierno andaluz es dejar la construcción de los proyectos en manos de privados mediante una fórmula de permuta por la que las empresas inmobiliarias obtienen las parcelas a cambio de ceder luego a la Junta una parte de las viviendas protegidas que se construyan en ellas.
Y tampoco es muy alentadora la actuación del Gobierno central, que todavía no ha culminado la redacción del proyecto de urbanización de unos suelos en la zona de Buenavista, al oeste de los terrenos de Amoniaco, para la construcción de 1.362 VPO que llevan 15 años previstas. Desde la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) han apuntado que están «trabajando en la finalización de la redacción del proyecto de urbanización» de estos terrenos y «tratando de agilizar al máximo todos los trámites» que requiere «en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Málaga». Unas prisas que llegan tras más de una década de letargo, ahora cuando el acceso a la vivienda es, cada vez más, una utopía para miles de malagueños.
No obstante, la secretaria de la ACP ha alertado de que las administraciones públicas también tienen que «favorecer la puesta en carga de suelos destinados a albergar VPO en los próximos años» y que están bloqueados. Un ejemplo es la vega de Campanillas, donde podrían construirse más de 4.000 pisos protegidos si la Junta encauzara un río.