En la Comunidad de Madrid apenas se llegan a los 0,47 inmuebles alquilados por la administración pública por cada cien habitantes y en Andalucía, 0,36. En Cataluña y Baleares la cifra es aún peor: 0,2 viviendas públicas alquiladas por cada cien personas. Y en Aragón y Castilla-La Mancha estas viviendas son testimoniales, el 0,04 y 0,05 por cada cien habitantes respectivamente. Hasta País Vasco, que es la comunidad en la que se cuentan más viviendas alquiladas por las administraciones públicas, 0,5 por cada cien habitantes, la cifra sigue estando muy lejana a las cuatro viviendas sociales por cada cien habitantes que tiene de media la Unión Europea.