Ante la falta de inversiones del Gobierno y la Junta con Málaga, los ayuntamientos se buscan solos la vida:
Lo que no me entra en la cabeza es que se haya estado 10 años desperdiciando tanta agua en Málaga…
La Costa Mediterránea andaluza sigue trabajando para obtener agua de donde nunca faltará: el mar.
Sobre la mesa, el agua y ese plan de inversiones con 350 millones de euros consignados a 5 años en el que abordar, solos o en coordinación con otras administraciones, obras importantes de todas las fases del ciclo integral del agua. Recuperar la idea de la segunda desaladora de la Costa del Sol está en dicho plan. Y la salida a concurso de los primeros proyectos (anteproyecto y estudio de viabilidad) se prevé para otoño, según ha ratificado Cardeña.
La ubicación exacta y capacidad están por determinar a partir de los estudios. Lo que está claro es que será entre Torremolinos y Mijas. «Necesitamos esa segunda desaladora en algún punto de la Costa que nos dé tranquilidad para los próximos años. La Costa del Sol va como un tiro y nos está haciendo ya pensar en nuevos recursos porque cada vez más gente quiere venir a vivir aquí y necesitamos infraestructuras. En eso estamos», ha manifestado. Es junto, a la potenciación de las aguas regeneradas uno de los dos objetivos clave para avanzar en el próximo ejercicio.
A estos recursos, hay que sumar, la desaladora de Marbella, que en diciembre aportará 20 hm3. Después, hay otros aportes secundarios como los pozos (Guadalmansa, Padrón, Fuengirola…) Recursos como la Sierra de Mijas utilizada por Torremolinos y el plan de desaladoras portátiles de Estepona.
Adjudican la construcción de la agrupación de vertidos y la EDAR de Lugros por más de 1,2 millones
En total, los ramales previstos superan los 2,2 kilómetros. Entre otras actuaciones, esta iniciativa que impulsa la Junta de Andalucía contempla también habilitar un acceso a la EDAR de Lugros a través de un camino de un kilómetro de longitud que parte desde el entorno del cementerio de este municipio
En el Campo de Gibraltar.
Los ecologistas denuncian que las plantaciones de aguacates roban al río Guadiaro el agua equivalente a 40.000 personas