Arriba tienes los números. 23,61% de empleados públicos teniendo el 22,81% de la población. Si eso te parece centralismo, pues no tenemos la misma concepción de lo que es el centralismo.
Utilizar los datos macro de esa forma, que necesitarían un desglose más preciso, es mezclar churras con merinas.
En primer lugar, y conforme a lo expresado en mi mensaje anterior, los cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía se concentran, muy desproporcionadamente, en Sevilla. Esto depende directamente de la política de la Junta. Descentralizar es también desconcentrar. Andalucía no es una CA uniforme y tiene muchos ejes distintos, principalmente entre la división oriental y occidental. Por supuesto que trasladar algunas Consejerías y organismos clave, descentralizando así algunos de los organismos centrales, sería una medida justa y equitativa de la que se se podrían beneficiar todas las provincias, salvo la que ya está vanagloriada y retiene toda la masa crítica.
No hay que mirar si otras CCAA tienen o no este modelo, no nos importa, nuestra realidad es otra y está más próxima a una discusión regionalista como la que hay en Castilla y León, con un proceso muy avanzado de regionalismo leonés, que otras CCAA donde hay un sentimiento nacionalista que sobrepasa las diferencias provinciales o comunidades (cuasi) uniprovinciales como Madrid, Asturias o Cantabria. Somos la CA más grande, diversa y dispersa España.
Incluso adoptando estas medidas, lo que perdería Sevilla de lo que tiene de más en pro de una distribución más justa, lo ganaría en armonía institucional y en un mayor sentimiento de entendimiento común y proyecto conjunto.
En segundo lugar, el resto de grandes cifras que se pueden desglosar de la totalidad de funcionarios públicos de la Junta se dividen en tres grandes sectores: sanidad, educación y justicia.
Estos ya no depende de una política concreta de la Junta y del gobierno de turno, son sectores que responden a necesidades demográficas. Es decir, se necesita X personal conforme a la población y la distribución. Ya hablemos de institutos, colegios, distritos sanitarios o partidos judiciales. Aquí la política de aumento de plantilla está inherentemente ligada al crecimiento demográfico. (Si bien el PP en muchos casos, no refuerza y mantiene o no renueva lo que hay mientras guiña el ojo a alternativas privadas o concertadas, aunque esta es otra cuestión).
E incluso en estos sectores, Andalucía, como suele ser habitual, se encuentra por debajo de la media, con zonas muy maltratadas institucionalmente. Véase un único hospital público y ese parche llamado “Hospital de Alta Resolución” (HAR), que no deja de ser un ambulatorio con un par de quirófanos y consultas externas, creado en el poniente almeriense para atender a una población de casi 300.000 habitantes entre censados y no censados. Dando lugar una media de 1,2 camas por cada 1.000 habitantes. La media en Andalucía está en unos 2.2 y en España en 3.
Ni hablar de justicia, con partidos judiciales de costa que sobreviven como pueden, internamente se les llama “las trincheras”, o Tribunales de Instancia infradotados y entre los peores de España en carga judicial, con permiso de Canarias que es la peor CA en esta materia. Aquí hay una mezcla entre lo que puede aportar la Junta (funcionarios de justicia y medios materiales) y el Estado (jueces y fiscales), que con la nueva reforma debería dar lugar a un refuerzo contundente.
En este caso, a pesar de que Granada tiene la sede del TSJ porque es la capital judicial, se descentralizaron las Secciones de lo Civil y de lo Penal, con sedes en Málaga y Sevilla. Cosa que no ocurre en la AGJA.
En conclusión, una parte de la masa funcionarial responde proporcionalmente a población. Otra parte, la perteneciente a la Junta, depende de voluntad política. Me gustaría ver cómo salen esas cuentas tan “equilibradas” cuando el desequilibrio en la AGJA es evidente y, en la mayoría de sectores, Sevilla suele estar o en la media andaluza o por encima, mientras ciudades como Málaga o Almería, con un gran crecimiento poblacional, suelen estar por debajo.
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No he mezclado nada, simplemente los datos expuestos en mi mensaje se basan en un cálculo más simple: población/EE.PP de la Junta.
Evidentemente se puede desglosar y analizar de manera más profunda. Si quitamos esos empleados públicos (no solo funcionarios, laborales también) en Educación, Sanidad y Justicia que deben (en teoría) responder proporcionalmente a la población pasamos de 300.000 empleados a 30.000. De esos 30.000 un tercio está en la capital. Dos tercios repartidos entre las otras 7 provincias (la 2a en número es Granada). Sigo sin verlo exagerado, aunque estoy de acuerdo en que las agencias pueden seguir descentralizándose más, y creo que así está siendo con las últimas creaciones.
He encontrado un desglose macro de la AGJA en el Plan de Igualdad de la AGJA 23-27 y he utilizado la misma fórmula que has pasado antes para mostrar así la desproporción señalada.
Queda demostrada la excesiva concentración en Sevilla (+7,66) -y aquí no se refleja, como ya he dicho anteriormente, que afecta principalmente a los mejores puestos con más salario- y la infradotación de lugares como Almería (-0,84) (siendo la provincia que más está creciendo proporcionalmente a su totalidad) y Cádiz -2,69.
Sorprende mucho el agravio comparativo para Málaga con -8,68.
Córdoba y Granada se muestran muy equilibradas, mientras que Jaén y Huelva tienen algo de exceso, imagino que la primera por pérdida poblacional y la segunda por su menor número de habitantes.
Examinando la tabla anterior, efectivamente, si la AGJA supone sobre el 13% de la totalidad de los funcionarios públicos, la desproporción se disuelve entre la mayor proporcionalidad del resto de sectores públicos dependientes de la Junta.
Estos datos son de 2023, entre las jubilaciones y la lentitud de la Junta en ejecutar las OEPs, puede que el número total ahora mismo esté por debajo. En los próximos años, hasta 2030-2031, se jubila la mitad de la plantilla de la AGJA. Es el momento ideal para apostar por una estrategia de descentralización que suponga un reparto más equitativo de la plantilla.
Y, por supuesto, no entro a profundizar en las dinámicas internas, en las que un funcionario de la Junta A1, en 3 años en Sevilla alcanza un nivel máximo (N25), que en provincias como Málaga o Almería puede costar 10-15 años y en Granada hasta 20. En estas últimas ahí termina prácticamente el techo de la carrera profesional, mientras que en Sevilla tienes las 1.313 plazas con los niveles más altos para distribuir y una movilidad funcional espectacular. Desde dentro, los efectos son notorios.
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Esos datos nuevos son bastante precisos para los funcionarios de los cuerpos generales, porque incluyen las Consejerías, las Delegaciones Territoriales y las Agencias administrativas, o sea, donde pueden concursar y tener movilidad principalmente. Deja fuera las agencias públicas empresariales y las de régimen especial, que determinarán el pico que falta.
Atendiendo solo a esos datos, la desproporción se hace más notable.
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Lo de Sevilla frente a Málaga y Cádiz es tremendo… y bueno, Málaga pese a todo tiene los mejores datos de paro de Andalucía, pero Cádiz con la situación económica que tiene sale doblemente mal parada.
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Por cierto, habemus nueva multinacional tecnológica en Málaga:
Será la única oficina en toda Europa.
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El centralismo es una doctrina de gobierno que, en mi opinión, va mucho más allá del mero número de empleados públicos. En este sentido, conviene analizar el desarrollo del autogobierno andaluz y su progresiva consolidación en Sevilla como principal centro político e institucional.
Como ya se ha señalado, tanto la Administración General como el sector público autonómico —salvo honrosas y escasas excepciones— se concentran mayoritariamente en la capital. Sin embargo, el fenómeno no se limita a una cuestión administrativa o laboral: adquiere una dimensión estructural cuando se observa que prácticamente todas las instituciones de autogobierno tienen su sede en Sevilla.
En efecto, a excepción del Consejo Consultivo de Andalucía y de la sede institucional del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ubicados fuera de la capital, el resto de órganos fundamentales —entre ellos el Parlamento de Andalucía— se encuentran en Sevilla. Esta concentración implica no solo la localización del poder político, sino también una significativa inversión pública asociada al mantenimiento de infraestructuras, la conservación y puesta en valor del patrimonio, así como al pago de salarios.
Todo ello genera, además, un impacto económico indirecto nada desdeñable, al favorecer a aquellos ciudadanos y sectores que prestan servicios —directos o indirectos— a la actividad institucional. Así ocurre, por ejemplo, en torno al Parlamento, cuyo funcionamiento dinamiza ámbitos como la hostelería, los servicios profesionales o el comercio local.
En consecuencia, el centralismo se manifiesta no solo como una forma de organización administrativa, sino como un modelo de concentración de recursos, oportunidades y capacidad de influencia en un territorio concreto, con efectos que trascienden lo estrictamente político y alcanzan el conjunto del tejido económico y social.
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Al hilo de lo anterior, y por materializar una decisión política con grandes consecuencias para Málaga, bien merecería detenerse en la aprobación y publicación del POTA en el año 2006, más allá del contexto inmobiliario del momento, la presión sobre la Costa del Sol y una realidad demográfica que, sin embargo, viene produciéndose desde hace décadas y que aún hoy padecemos.
Uno de los elementos más controvertidos del POTA fue la imposición de límites cuantitativos al crecimiento: los municipios no podían aumentar su suelo urbanizable más de un 40% en ocho años, ni prever incrementos de población superiores al 30%. Aunque estas medidas se plantearon con carácter general para toda Andalucía, su impacto fue muy desigual.
El modelo territorial definido por el POTA reforzaba el papel de Sevilla como capital administrativa, nodo logístico y centro de servicios públicos, consolidando su posición como eje institucional de la comunidad. Málaga, por su parte, era reconocida como motor económico y turístico, pero su crecimiento urbanístico quedaba más condicionado por las restricciones impuestas, especialmente en la Costa del Sol, donde la demanda real de vivienda y desarrollo era muy superior a la media andaluza.
Esta asimetría generó una percepción extendida de desequilibrio. Mientras Sevilla se beneficiaba de un crecimiento más estable y acorde a su perfil institucional, Málaga veía limitadas sus posibilidades de expansión en un momento de fuerte dinamismo económico. No estoy hablando de un trato de favor explícito, sino de que las reglas del POTA afectaban más intensamente a los territorios con mayor crecimiento potencial. Incluso, desde varios ámbitos se denunció que el plan estaba alejado de la realidad económica y social del momento. Los límites eran excesivamente rígidos y no tenían en cuenta la demanda existente, ni los planes urbanísticos ya en marcha. El modelo impuesto desde la Junta no respondía a las necesidades específicas de un territorio en plena expansión. Se defendía que Málaga no requería contención, sino planificación adaptada a su crecimiento real.
La realidad ha demostrado que la ciudad y su entorno siguen siendo uno de los principales polos de atracción económica, tecnológica y turística del sur de Europa. Las revisiones y planteamientos de futuro del POTA apuntan hacia una flexibilización de aquellas limitaciones. El nuevo enfoque territorial reconoce la necesidad de adaptar la planificación a dinámicas reales de crecimiento, abriendo la puerta a superar los límites rígidos del pasado y permitir un desarrollo más acorde con la demanda y el potencial de territorios como Málaga.
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Es evidente que en Andalucía ha habido y hay centralismo en favor de su capital. El problema es que parece no haber intención de que esto deje de ser así. Entre gobiernos y cogobiernos han pasado por la Junta PSOE, PP, IU, PA y C’s, y ninguno ha tocado lo más mínimo.
No sé qué se tiene que dar para que se abra ese melón de una vez: ¿la entrada de partidos provinciales en el Parlamento (Jaén Merece Más, La Línea 100x100 o futuros)? ¿Un posible adelanto demográfico de Málaga a Sevilla? ¿Que calen movimientos anticentralistas como el de León?
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Sobre este tema ya hay estudios, especialmente del INE, que apuntan a que la provincia de Málaga superará a la de Sevilla en pocos años, y que la capital malagueña podría hacer lo propio más adelante.
Esto ya lo anticipaba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía de 2006, aunque en la práctica limitó el crecimiento urbanístico de Málaga al declarar no urbanizables muchos suelos previstos en su PGOU. Desde algunos sectores se interpretó como una forma de frenar ese sorpasso.
Y no es un tema menor desde el punto de vista electoral: los partidos tienden a reforzar sus bastiones. El PSOE ha tenido tradicionalmente su principal caladero en Sevilla, mientras que el Partido Popular lo ha consolidado en Málaga, donde se ha vuelto hegemónico.
A corto plazo pudo retrasarlo, pero con la tendencia demográfica actual todo apunta a que simplemente ha pospuesto un cambio que parece inevitable.
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Y años antes esa misma Junta propició la independencia de Torremolinos, de no haberse producido Málaga capital sumaría prácticamente los mismos habitantes que Sevilla a día de hoy.
Avanza jurídicamente el que será posiblemente uno de los principales focos científico-tecnológicos de España (junto al Ifmif-Dones de Granada) en la década de 2030: el IMEC de Málaga.
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Se ampliará la capacidad del centro de datos y se triplicará el número de empresas a las que prestará servicio. Está ubicada en el Polígono Guadalhorce.
"En estos momentos Templus está dando servicio a unas 100 empresas en Málaga. Todos los operadores de telecomunicaciones y las principales empresas tecnológicas y que desarrollan IA están alojadas en el centro de datos. Con esta ampliación queremos triplicar esa cifra y llegar a más de 300 empresas en 2027", ha dicho Velilla.
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EY llega a los 1.000 empleados en su sede del PTA en Málaga.