Y que hay del nuevo registro único que las plataformas han de incluir en los anuncios? Lo último que se supo es que en Madrid había una anomalía porque casi todas se habían registrado como alquiler temporal en lugar de turístico. Esto les permite seguir en Airbnb?
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Van muy lentos, ya os lo digo yo.
De todas formas, y si no he comprendido mal lo que se menciona en las diferentes noticias, los datos que se publican ahora, corresponden a fecha 14 de septiembre de 2025. No hay una nueva actualizacion de esos datos que se han publicado ahora.
Pudiera ser que en la próxima publicación de datos se notase todavía mas este descenso que a fecha 14 de septiembre era del 15%???
Pregunto por si alguien sabe algo!!
El problema es que el tema de sancionar pisos turisticos, no es rapido, es un metodo sancionador que lleva su tiempo
Madrid: ciudad sin ley.
Por suerte para María, ella ya vivía en esa casa con un contrato de alquiler que tenía con su abuela y por eso nunca tuvo que irse. El edificio de ocho pisos ha ido pasando de unas manos a otras y, desde que en 2020 se abrió el primer apartamento turístico, se ha ido vaciando poco a poco de sus habituales vecinos. En su lugar, han llegado turistas dispuestos a pagar entre 163 y 628 euros la noche en un edificio con vistas a la Gran Vía madrileña y a la Torre España, el actual Hotel Riu. Sin embargo, ninguno de esos apartamentos tiene licencia para esa actividad y, aunque pesan órdenes de cese de la Agencia de Actividades, siguen ofertados en la web de la empresa que los gestiona y funcionando a pleno rendimiento.
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Efectivamente, esta es la trampa del cacareado Plan Reside del Ayuntamiento, que a mi juicio es totalmente erróneo.
Lo que hay que hacer es prohibir que se hagan más pisos turísticos. El Ayuntamiento debería establecer X numero de pisos turísticos en cada distrito de Madrid y cuando se cubra el cupo se acabó.
Y por supuesto, tasa turística YA
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En las calles de alrededor de mi domicilio han creado dos hostel en el ultimo año utilizando bajos de antiguas tiendas. En ambos casos han generado problemas en las comunidades, no les han dado permiso para utilizar elementos comunes como patios para poner extractores de aire que generan mucho ruido, no tienen espacios comunes por lo que los ‘turistas’ comen y fuman en la puerta de la calle por poner dos ejemplos. Son muy baratos por lo que la clientela va acorde al precio. Operan sin licencia y están denunciados por la comunidad pero ahi siguen.
Tenemos otros 3 en obras que van a abrir próximamente. Algún caso mas había odio de hostales capsulas en otros barrios del centro y no tan centro pero supongo que cada vez hay mas y que el fenómeno seguirá aumentando si nadie le pone coto.
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Una publicación ha sido fusionada con un tema existente: Comunidad de Madrid: Sanidad
El Gobierno español ha multado con 68 millones de euros a Airbnb por anunciar apartamentos turísticos sin licencia, o por utilizar números de licencia diferentes o información incorrecta.
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@JuanDoe creo que querías colgar el vínculo 
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Madrid señala al ministro Bustinduy: “Ha tardado años en enterarse de sus competencias” con los VUT ilegales
“Con la sanción lo que demuestra es que nos había engañado a todos diciendo que no tenía competencias y que no podía hacer nada, dado que ahora resulta que sí las tiene. Nos parece una buena noticia que se persigue a las VUT ilegales. Lo estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid, desde la Comunidad de Madrid y faltaba la Administración General del Estado”, ha concluido.
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La indecencia de este consistorio es alucinante.
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El Ayuntamiento de Madrid, ¿tiene autoridad sobre la regulación de las Viviendas de Uso Turístico?
La sentencia STSJ M 587/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aborda si el Ayuntamiento de Madrid tiene la autoridad para regular o incluso prohibir las Viviendas de Uso Turístico (VUT).
A continuación, desglosamos los puntos clave de la sentencia y sus implicaciones:
Argumentos del Tribunal
El tribunal expone varios puntos clave para justificar la capacidad del Ayuntamiento de regular este tipo de alojamientos.
En primer lugar, el tribunal señala que los ayuntamientos tienen la autoridad para gestionar el urbanismo y la ordenación del territorio. Esto implica que pueden decidir cómo se usa el suelo dentro de sus áreas, estableciendo normas que regulen las diferentes actividades permitidas en cada zona.
Por ejemplo, el Ayuntamiento puede decidir qué tipo de construcciones se permiten y cómo se pueden utilizar los edificios, incluyendo las viviendas que se alquilan a turistas. Esta competencia les permite tomar decisiones para asegurar que el uso del suelo se alinee con los intereses locales y el desarrollo ordenado de la ciudad.
Es materia de los Ayuntamientos, con las herramientas legislativas de las que disponen, la regulación y ordenación del espacio urbano, incluyendo las VUT.
Además, el tribunal argumenta que el Ayuntamiento tiene el derecho de intervenir para proteger el entorno urbano y el carácter residencial de las zonas. Si la actividad de alquiler de viviendas a turistas (VUT) tiene el potencial de afectar negativamente la calidad de vida en áreas residenciales, como causar ruido o alterar la convivencia vecinal, el Ayuntamiento tiene motivos legítimos para regular o limitar estas actividades.
La protección del entorno residencial es vista como una prioridad que justifica la intervención del Ayuntamiento para mantener el equilibrio y el bienestar en las comunidades residenciales.
En cuanto a la normativa, la sentencia menciona la legislación nacional y europea que se aplica en estos casos. Por ejemplo, la Directiva de Servicios de la Unión Europea y la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado.
Aunque estas normativas promueven la competencia y buscan eliminar barreras para el libre mercado, también permiten que las autoridades locales impongan restricciones cuando estén justificadas por razones de interés general.
En el caso de las VUT, la protección del entorno urbano a juicio del TSJ de Madrid se considera una razón suficiente para que el Ayuntamiento pueda imponer ciertas restricciones.
Finalmente, el tribunal hace referencia a sentencias anteriores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo español. Estas decisiones respaldan la idea de que las administraciones locales tienen el derecho de establecer restricciones razonables en la planificación urbana y el uso del suelo.
La jurisprudencia muestra que es aceptable imponer regulaciones locales, siempre y cuando sean razonables y proporcionadas, un concepto dudoso como veremos más adelante.
En definitiva, la sentencia STSJ M 587/2021 concluye que el Ayuntamiento de Madrid sí tiene la capacidad de regular las VUT en su territorio, basándose en sus competencias de urbanismo, la necesidad de proteger el entorno residencial, y en el marco de la normativa nacional y europea que permite tales restricciones en interés general.
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Pues nada nuevo.
¿Y un Ayuntamiento puede regular una plataforma online?
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No es nada nuevo y sin embargo el Ayuntamiento sigue sin tomar medidas eficaces.
Ya discutimos sobre ello y la conclusión es obvia: para abrir un anuncio de piso turístico debe exigirse tener licencia, y está en mano del Ayuntamiento regular por ahí.
También está en manos del Ayuntamiento de Madrid aplicar una tasa turística y dedicar lo recaudado a vivienda o a no tener las calles como una pocilga.
No es poner satélites en órbita, solo hay que tener capacidad de gestión y menos desidia (y eso siendo bienpensado…muchos pensamos que al Ayuntamiento no le interesa solucionar el problema y adopta medidas cosméticas a sabiendas)
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¿Con “por ahí” te refieres a que un Ayuntamiento regule las plataformas online?
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El Ayuntamiento puede exigir que las plataformas online solo publiquen anuncios de alojamientos con licencia.
Es incluso más sencillo que pretender controlar la plataforma en sí, que es a lo que te agarras para justificar, quizá, lo obvio: que el Ayuntamiento NO está jugando todas las cartas que tiene en su mano para acabar con el problema.
No puede exigir nada porque no puede regular plataformas online
¿En qué te basas para afirmar esto?¿Tienes antecedentes o jurisprudencia en España?
Ada Colau pretendió multar a Airbnb y la justicia anuló sus sanciones.
Incluso a la Generalitat de Cataluña le anularon sus sanciones.
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