Las inversiones se hacen con unos números y cálculos detrás que las justifican, con numerosos estudios. No así alegremente pues de lo contrario para jugarnos dinero y depender del azar puro y duro nos iríamos directamente al casino. Madurez por favor, que somos mayorcitos.
Y con el dinero público más aún debería ser así y afortunadamente, desde la crisis anterior y las medidas de estabilidad presupuestaria que se implantaron, cada vez lo es más. ¿Se siguen haciendo inversiones públicas a lo loco como antes de aquella crisis -ejemplos el polémico queso que hemos hablado en este foro de Gallardon en 2004, la ciudad del medio ambiente de Soria de 2007, la ciudad de la justicia de Madrid que comenzó todo en 2003 con Aguirre, la ciudad de las artes y de las ciencias de Valencia en los 90, el circuito de F1 de Valencia en 2008, el aeropuerto de Castellón, proyectado en los 90 y principios de los 2000, las radiales de Madrid de Aguirre …? Afortunadamente menos porque los controles son mayores -menos mal- y porque los cambios normativos que se impusieron a raíz de la crisis han profesionalizado (todavía deja que desear, pero indudablemente es mejor que lo que había antes) algo la gestión del gasto público, las inversiones públicas y particularmente las infraestructuras. Hoy previo a la licitación de los contratos de obras y concesión de obras se tienen que hacer en los pliegos muchos más estudios me consta, particularmente de viabilidad económico financiera. Eso antes no estaba.
En definitiva. La época de los botarates de darle a la maquinita de dinero público sin haber echado números antes se acabó en buena parte y más aún que se tiene que acabar; pese a que a algunos foreros les entusiasme porque se prestaba a proyectos de arquitectura faraónicos “originales” y con sobrecostes varios y que algunos ilustres arquitectos cobraron bien.
En el sector privado cualquier decisión que entrañe el empleo de recursos económicos es una decisión de finanzas corporativas y como tal se toma: coste, rentabilidad y como se financia.
Y en el sector público, si bien con el matiz de que hay gastos que obedecen a finalidades sociales o a derechos fundamentales, en algunas partidas debería ser así. Particularmente en las infraestructuras y también en los proyectos faraónicos de grandes y originales edificios públicos que a algunos tanto entusiasma.