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La normativa, que parte de la necesidad legal que tenía el ejecutivo local de adaptarse a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de la Junta de Andalucía (Lista), otorga facultades a las Entidades Urbanísticas Certificadores de Andalucía (EUCA) y a los colegios profesionales a que participen en estos procesos, de modo que su intermediación permita en la práctica la reducción de los plazos en la tramitación y el otorgamiento de este tipo de autorizaciones. No son ellos quienes conceden la licencia, que al final debe tener la rúbrica de la Gerencia de Urbanismo para ajustarse así a la legalidad, pero sí les atribuye la capacidad de elaborar unos informes con carácter técnico que agilizan la burocracia.
