El Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles modificar, finalmente, la ley ferroviaria catalana para endurecer muchísimo las sanciones a los grafiteros y a todo aquel que destruya, deteriore o altere infraestructuras y trenes. La reforma, impulsada por el PSC y que ha contado con el apoyo de todo el pleno -con la excepción de Comuns y la Cup- triplica el régimen sancionador vigente elevando las multas máximas hasta los 900.000 euros.
Con la modificación aprobada, las infracciones leves podrán ser sancionadas con una advertencia o con multas de hasta 18.000 euros. Las graves comportarán sanciones de entre 18.001 y 90.000 euros, mientras que las muy graves podrán ser castigadas con multas de entre 90.001 y 900.000 euros.