Nota de prensa del ministerio:
La Ley incluye medidas específicas para que desde los poderes públicos
se impulse: la difusión nacional e internacional de la Arquitectura, el apoyo
a las empresas y a los profesionales españoles, el establecimiento de
incentivos y premios que reconozcan la calidad, el impulso de la
investigación y la innovación y, por supuesto, la protección de los valores
del patrimonio construido, incluyendo el fomento de la rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas sostenibles.
Marco normativo:
Se trata, por tanto, de un instrumento legislativo que refuerza el papel
ejemplarizante de la Administración pública, potenciando la planificación
de la rehabilitación del parque público edificado.
Fuente: https://www.cscae.com/images/stories/Noticias/Presidencia/220118_NP_CM_Ley_Calidad_Arquitectura.pdf
También, para facilitar la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la dirección de la obra como medida, con el fin de garantizar la coordinación, y para que el órgano de contratación pueda estimar la especial complejidad de los proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo, con la finalidad de impulsar la celebración de concursos atendiendo a la calidad de las propuestas.
Fuente: La nueva ley de arquitectura obliga a primar la calidad en los concursos - Economía - COPE
esta norma toma como referencia la Ley de Arquitectura francesa de 1977 y establece el interés general de la Arquitectura para mejorar la calidad de vida de las personas. Con ella, además, se establece el marco jurídico necesario para potenciar la calidad arquitectónica.
En esas líneas generales ya se han aprobado en el pasado normas similares en diferentes países de nuestro entorno desde la década de 1970. Francia fue el primer país de la Unión Europea en contar con una Ley de Arquitectura, en el año 1977, y Lituania aprobó la suya en 2017. En España, por ahora, existen legislaciones autonómicas como la Ley de Arquitectura Catalana, la Ley de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura; encontrándose también desde diciembre de 2021 una propuesta gallega en periodo de tramitación, además de la reciente declaración del Parlamento Andaluz de reconocimiento de la Arquitectura como Bien de Interés General.