¿Conflicto de interés?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ascendido recientemente como subdirectora de un área clave de su Dirección de Energía a la esposa de un directivo de una patronal eléctrica que dice dedicarse a “lobby, influencia y prospectiva regulatoria” e “interlocución con la CNMC” y otros agentes relevantes del sector.
¡Qué casualidad que tardaran tanto en este!
Ante las críticas casi unánimes de los diputados por el retraso en aprobar ese procedimiento de control de tensión (el conocido como 7.4), que Red Eléctrica de España (REE) le pidió cambiar en 2020, Prieto ha señalado que el organismo “intenta entender las propuestas que se le hacen” y si se ve “que son viables” los saca a consulta. Ha explicado que desde que en 2019 el organismo recibió la competencia para aprobar los procedimientos de operación se modificaron “muchísimos”, y “realmente el único en el que hemos tardado tanto ha sido este”. Todos los informes oficiales coinciden en que los problemas en el control de tensión fueron clave para ese apagón sin precedentes.
La electricidad soporta una carga fiscal del 34,61% (21% de IVA + 5,11% del Impuesto Especial sobre la Electricidad + 7% de IVPEE + 1,5% de tasa municipal); mientras que el gas apenas alcanza el 22,50% (21% de IVA + 1,5% de tasa municipal). Así lo pone de relevancia la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) en su nuevo informe en el que analiza la situación del mercado energético en España y advierte de un “triple desajuste” del sistema. “Estamos penalizando fiscalmente la energía más limpia, la que queremos potenciar, mientras el gas —más contaminante— paga menos impuestos. No tiene sentido. Si queremos electrificar la economía, hay que reorientar los impuestos para que acompañen la transición, no para que la bloqueen”, denuncia Soledad Montero, experta en energía de CECU.